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El trabajo doméstico es esencial para el funcionamiento de las economías y las sociedades. Y las trabajadoras del hogar, que representan el 25% de la fuerza laboral global de los cuidados, deben ser plenamente reconocidas como trabajadoras y proveedoras de cuidados, protegidas legalmente y en la práctica en igualdad de condiciones con otros trabajadores. Por lo tanto, el Convenio 189 de la OIT debe constituir un pilar central de cualquier política nacional de cuidados.

El cuidado debe ser considerado un derecho humano y un bien público: debe garantizarse el derecho de las trabajadoras del hogar a la protección social, incluyendo su acceso a servicios públicos de cuidado de calidad. Como columna vertebral de la economía del cuidado, las trabajadoras del hogar deben desempeñar un papel clave en el desarrollo de cualquier política pública nacional o reforma legal relativa al cuidado.